Roberto Pagán
En días recientes, escuchaba al alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, responder las preguntas de un periodista sobre la deseabilidad de nombrar por diez años al Secretario de Educación, y afirmar que “éste tiene que responder a la política pública establecida por el gobernador de turno, por lo que su nombramiento debe ser solo por cuatro años”.
Para poner sobre sus pies la educación de nuestro país, se necesita precisamente un cambio radical en la actual política pública. Lo que reclaman cada día más voces es un diálogo nacional que atienda la profunda crisis que vivimos, no solo en la educación sino a todos los niveles de nuestra sociedad.
Mantener el monopolio total de las decisiones que se tomen en el Departamento de Educación es la norma de la actual administración, por lo que podemos anticipar otro desacierto en el nombramiento de la persona que dirigirá la agencia que tiene a su cargo la formación de nuestra juventud. La renunciante Oddette Piñero carecía de poder de decisión, por lo que jugó un desastroso papel ante el país y muchos clamaban por su destitución.
Cualquier educador de alto nivel académico y humano tendrá serias dificultades en aceptar las condiciones que se le impondrían para ejercer ese puesto. Obedecer los designios de la Junta de Reconstrucción Económica Fiscal y (JREF), reducir el personal docente y no docente, eliminar las bellas artes del currículo escolar, reducir los recursos de mantenimiento de las escuelas, entre otras, son medidas que se proponen implantar y que sin duda empeorarán la calidad de la educación.
Por otro lado, los retos que enfrentará el nuevo Secretario o Secretaria serán inmensos. No existe un plan integral de educación, como no existe una visión estratégica del país que queremos desarrollar. El espíritu que impera en el Departamento es uno de desasosiego e incertidumbre y algunos Directores Regionales se han dedicado a atizar el fuego de la controversia y la intriga ante la pérdida de poderes que les ha significado el control central.
A esto se añade el anuncio de despidos de maestros, la sobrecarga de trabajo de los directores de escuela y el personal administrativo por el despido de miles de secretarias, oficinistas y otro personal de apoyo, problemas de infraestructura agravados por el desmantelamiento de la Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP), la presencia de compañías privadas de limpieza y el traslado atropellado de miles de conserjes cuyo diseño y ejecución fue de la administración del Sistema y no de nuestro Sindicato, como falsamente afirmó la pasada Secretaria.
Si a esto le añadimos la crisis por la que atraviesa nuestra universidad pública, el panorama educativo del país no es nada alentador y serán la presente y futuras generaciones las que pagarán las consecuencias.
Los trabajadores de la educación están listos para continuar poniendo su talento y empeño en mejorar la educación pública. Los trabajadores no docentes esperan una mejor comprensión del importante rol que juegan en la administración, mantenimiento y limpieza de las escuelas de parte de quien quiera sea nombrado como nuevo Secretario.
Eso, de por sí, sería un gran avance en tiempos de malos augurios.
2 de junio 2010
