Mucho antes de iniciar la actual recesión económica, el movimiento sindical propuso aumentar las contribuciones de las corporaciones foráneas y revisar todo el complejo normativo de créditos, deducciones e incentivos contributivos que han mostrado ser inefectivos en el recaudo de los fondos necesarios para sostener los servicios públicos y la infraestructura que nuestro país requiere.
Las ganancias que reportan las corporaciones foráneas, que aun en los años recientes de recesión han aumentado (ver gráfica), evidencian que éstas pueden tributar una tasa mayor al 2.5% que hoy aportan en promedio. Las llamadas reformas contributivas que se han hecho en el pasado (1987,1994 y 2006), han dejado al margen a las corporaciones “exentas” y no han exigido mayor responsabilidad a este sector.
Es un hecho que la recaudación tributaria en Puerto Rico es insuficiente. La Coalición Sindical, en ponencia presentada ante la Legislatura, lo explicó así: “La falta de recaudos se debe básicamente a tres razones: la evasión, la prolijidad en la concesión de privilegios contributivos a las corporaciones y las numerosas dificultades del Departamento de Hacienda en su gestión recaudadora. Estas tres razones no son independientes, es decir, están relacionadas unas con otras. Para completar el cuadro aparece todo el sector corporativo que, aparte de sus exenciones, deducciones y créditos legalmente concedidos, se amparan en la ya reconocida creatividad contable
“No nos debe sorprender entonces la fragilidad, estrechez y porosidad de nuestra base tributaria. Sin ir más lejos, en el año 1999 las contribuciones netas recaudadas por el gobierno constituían más del 16% del Ingreso Nacional Bruto de Puerto Rico, mientras que en el año 2009 representaron sólo el 11.3%. Si en el 2009 hubiese prevalecido el coeficiente de hace diez años, se hubiesen recaudado $3,000 millones más de lo que en efecto se recaudó.”
El Proyecto de la Cámara 2526 y su homólogo en el Senado (PS 1355), que proponen “imponer una contribución mínima de diez (10) por ciento sobre el ingreso neto de las corporaciones y sociedades que hayan generado un ingreso bruto de sobre diez millones de dólares, con una enmienda clarificando la definición de “contribuyente”, convertiría nuestro sistema contributivo en uno más justo y permitiría balancear el presupuesto del país.
La enmienda a la que nos referimos, presentada por la Coalición Sindical, consiste en añadir a la definición de contribuyente a aquellas corporaciones acogidas a las disposiciones de la Ley de Incentivos Contributivos de 1998, Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, o cualquier otra ley de incentivos o exención contributiva, convenio o decreto. De permanecer los proyectos de ley como están radicados, se excluiría una vez más a las llamadas “corporaciones exentas”, que son, precisamente, las que hoy gozan de privilegios contributivos extraordinarios.
Una vez más los legisladores tienen la oportunidad de poner la acción donde ponen la palabra. No basta con decir que están en contra de los despidos de empleados públicos, o que están preocupados por el futuro y la calidad de los servicios que recibe nuestro pueblo.
En el pasado, muchos han demostrado con sus acciones que responden más a las presiones y las prebendas de las poderosas megacorporaciones que gozan de estas exenciones contributivas. Ya la mayoría legislativa recibió una orden de La Fortaleza por voz del secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez Ema, quien aseguró que “no se considerará ningún aumento en contribuciones a las corporaciones para balancear el presupuesto”.
Será interesante ver quiénes se mantienen firmes y le proporcionan el apoyo decidido que una medida como ésta requiere y quiénes se enmarañan en sus contradicciones, tratando de presentarse como defensores del pueblo, sin “quemarse” con los intereses a los que en realidad responden.
Roberto Pagán
