Por la Alianza SEIU en Puerto Rico*

La Reforma Laboral propuesta por el sector empresarial constituye una amenaza grave a las conquistas laborales que los trabajadores han alcanzado en más de 100 años de lucha organizada en Puerto Rico y cuyos resultados han beneficiado, además, a toda la sociedad puertorriqueña.

La Legislación Social de 1940-1944 procuró sentar las bases para una equitativa distribución de los beneficios de la riqueza, un disfrute democrático de todos los bienes del Estado, igualdad de oportunidades y goce efectivo de las libertades esenciales.

Dichas leyes junto a otras aprobadas posteriormente,  reforzaron el marco normativo sin el cual la brecha de la injusticia e inequidad, en la relación trabajo-capital, hubiera sido mayor en las pasadas décadas. Desmantelarlas es claramente el propósito final de la supuesta reforma laboral.

Las premisas expuestas por los voceros del sector empresarial son inauditas y los delata. Se argumenta que “…la actual política pública laboral redunda, en muchas ocasiones, en aumentar los costos de operabilidad de las empresas, lo que lleva al País a convertirse en una de las jurisdicciones de menor competitividad en el mundo.”   Lo primero que salta a la vista es dar como verdad escrita en piedra los estudios de competitividad a los que se alude. Muchos de estos estudios se basan en encuestas dirigidas a lo que se llaman “informantes claves” seleccionados sobre criterios particulares. Por tal razón, dichos estudios han sido cuestionados.

Además, si la política pública laboral afecta la competitividad de Puerto Rico ¿cómo se explica la presencia en la Isla de la industria farmacéutica con elevados rendimientos de capital? Y si se quiere examinar otros países ¿cómo se explica el éxito económico de Finlandia con un estado benefactor fuerte y una amplia política laboral?

Otro argumento de los promotores de la Reforma Laboral, indica que los aumentos o mejoras en las condiciones de los trabajadores no deben proveerse desconectadas de la realidad económica y productiva del país, puesto que ello desestabiliza la productividad en las empresas y puede provocar la eliminación de puestos de trabajo incrementando el desempleo.

Pero reducir los beneficios de los trabajadores, reducir sus salarios y precarizar sus condiciones laborales no implica que aumente el empleo. El resultado, por el contrario, será que seguiremos con altas tasas de desempleo, bajas tasas de participación y cientos de miles de trabajadores en proceso de empobrecimiento. La evidencia más reciente de ello  es el resultado de las enmiendas a la  Ley de Cierre con su consecuente reducción de la paga doble. ¿Dónde están las decenas de miles de empleos que se alegó se producirían? Todo lo contrario, tal como se advirtió, el desempleo lejos de reducirse ha aumentado.

Otro argumento señala que la legislación laboral en la Isla es extremadamente rígida y no se adapta a las necesidades ni de los patronos ni de los empleados.  Se propone recurrir a los horarios flexibles.

Ciertamente, los tiempos cambian al igual que las condiciones, factores y variables que inciden en el mercado laboral. El asunto sustantivo es si tal revisión lleva el propósito de precarizar el trabajo y reducir con ello la calidad de vida de los trabajadores o, si por el contrario, el objetivo debe ser elevar las condiciones cualitativas de los cientos de miles de hombres y mujeres que producen la riqueza de toda sociedad. Hacer del trabajo una actividad precaria, con pocos derechos y empobrecedora, es el peor incentivo para motivar la incorporación de los que no trabajan al mercado laboral. No debe olvidarse que en Puerto Rico la emigración y la dependencia pueden resultar más atractivos que entrar a una fuerza de trabajo sin derechos como efectivamente se propone en la reforma laboral.

Revisar y adoptar políticas dirigidas a fortalecer la mano de obra de bajo costo lo que reforzará serán los círculos viciosos del subdesarrollo en lugar de activar círculos virtuosos hacia el desarrollo.

En todo caso, lo que procede es una legislación laboral que impida normas de flexibilización que aprovechan los sectores con más poder durante las crisis económicas para degradar el empleo y abaratar sus costos. Una macroeconomía más sustentable y mejor regulada, y una institucionalidad laboral que prevenga contra la precarización del trabajo en tiempos de crisis, son dos caras de la misma moneda en cuanto al derecho a un trabajo digno se refiere.

*Resumen de la ponencia presentada por la Alianza SEIU/Puerto Rico ante Cámara de Representantes.

 

Roberto Pagán

Infórmate

Recibe los Boletines del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores










SPT, EN EL CORAZÓN DE RÍO PIEDRAS

Ave. Ponce de León 1018, Rio Piedras

PO Box Rio Piedras 25160 San Juan, PR 00928-5160

Baja aquí el mapa para llegar al Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores

Ver contenido por hits : 99081