La Ley que recién aprobó la Legislatura enmendando el Código de Rentas Internas de Puerto Rico ha generado más dudas e interrogantes que esperanzas de que por fin se lleve a cabo una Reforma Contributiva que le haga justicia a la clase trabajadora y que genere los recursos que necesita nuestro país. Esta nueva Ley impone un arbitrio temporero a algunas empresas extranjeras con la expectativa de recaudar $1,400 millones en su primer año.
De entrada, esta legislación parece ir a tono con los reclamos de numerosos sectores del país para que las empresas que generan ganancias multimillonarias y que contribuyen muy poco al sostenimiento de la infraestructura de la que se benefician, aporten lo que le corresponde.
Sin embargo, de inmediato surge el cuestionamiento de si un arbitrio de 4%, que tocará a los productos de tan solo unas 35 empresas, logrará recaudar todo lo que se propone. Esta medida está muy lejos del proyecto original, que establecía una contribución mínima de diez por ciento sobre el ingreso neto de las corporaciones y sociedades que generen un ingreso bruto de sobre diez millones de dólares.
Además, el alcance de esta medida está atado a la Reforma Contributiva que anunciaría el Gobernador al cierre de esta edición. Las expresiones del gobernador Fortuño de que deben reducirse las tasas individuales y corporativas para que cada cual decida como invertirá mejor su dinero, sin duda responde a la concepción neoliberal de que “mientras menos impuestos mejor”, pretendiendo que el mercado asigne los recursos económicos y los distribuya. La experiencia a nivel mundial ha sido que las fuerzas del mercado no distribuyen nada, y lo que ha ocasionado la desregulación y la reducción de contribuciones es la concentración de riqueza en manos de unos pocos, la privatización de servicios y la debacle de importantes programas sociales debido a las insuficiencias fiscales gubernamentales.
No hay duda que la clase asalariada del país tiene un peso contributivo demasiado grande sobre sus espaldas, por lo que reducir sus tasas de impuestos es una medida de justicia. Pero conceder una reducción a todos por igual, incluyendo a las corporaciones, es contradictorio con la propia ley aprobada y es la misma medida populista aplicada por los gobiernos republicanos de los pasados años en Estados Unidos.
Por otro lado, la reacción de algunos legisladores Populares más que trágica es patética Podemos coincidir en que la aprobación de esta ley a la carrera y sin la presentación de los estudios económicos que la sustenten es una acción irresponsable. Pero convertirse en los defensores de los privilegios corporativos de las mega compañías, presagiando el cierre de empresas y el aumento del desempleo, pone en evidencia a qué intereses responden. ¿Dónde quedó su alegado apoyo al proyecto que aumentaba las tasas contributivas a las grandes empresas?
El movimiento sindical ha presentado ante esta legislatura documentación suficiente y fehaciente sobre la necesidad de realizar enmiendas progresivas a la estructura contributiva de Puerto Rico.
También hemos propuesto mecanismos y proyectos perfectamente viables que le hacen justicia a las clases asalariadas al tiempo que estimulan el crecimiento económico.
Por eso, seguimos insistiendo en la necesidad de una reforma integral, es decir, que no excluya a ningún actor económico, que de verdad amplíe la base tributaria, que se oriente por la justicia y la equidad, que ataque la evasión y, finalmente pero no menos importante, que provea suficientes ingresos para cumplir con las obligaciones gubernamentales. Después de todo, la calidad a nivel mundial en la educación, la salud, la capacitación laboral y una sólida infraestructura, son esenciales para el sano desarrollo económico de un país.
Roberto Pagán
