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5 de abril de 2006
En consenso con los grandes intereses
Por Roberto Pagán, Presidente SPT, Local 1996
robertopagan@sptseiu.orgEl mensaje de presupuesto del gobernador y las expresiones adelantadas y posteriores al mismo emitidas por el liderato legislativo evidencian una vez más a quienes responden los que gobiernan hoy en Puerto Rico. Coincidimos con el gobernador sobre la necesidad de lograr los recaudos necesarios para fortalecer el servicio público. Coincidimos también en señalar a la Cámara de Representantes como responsable de evitar cualquier solución al tranque presupuestario para provocar un caos, respondiendo a una agenda político partidista que para nada toma en consideración el futuro de nuestro país.
La diferencia fundamental estriba en los mecanismos propuestos para lograr dichos recaudos. Todo parece indicar que el Gobernador rindió en el primer round sus propuestas -tímidas, pero acertadas a nuestro juicio- para que los bancos, las grandes corporaciones y los millonarios aportaran, en proporción a sus ganancias, al esfuerzo por enderezar las finanzas públicas.
Los primeros en rendirse ante el poder de los ricos fue la mayoría legislativa, que se unió al coro plañidero de la Asociación de Industriales, la Asociación de Bancos, MIDA, los hoteleros, etc. Le siguió ahora el gobernador, llegando con una rapidez increíble al consenso con el PNP de no tocar los grandes intereses económicos para solucionar la crisis fiscal.
El presupuesto presentado por el Gobernador refleja otro consenso con la injusticia: se abstiene de gravar a los grandes intereses y propone un impuesto a las ventas y servicios ("sales tax"), que el propio Acevedo Vilá admite que es una medida regresiva, y por tanto injusta.
Al mismo tiempo se propone congelar en la práctica los salarios y beneficios marginales de los trabajadores en una treintena de agencias, al no asignar un solo centavo para las negociaciones en proceso. Ya muchos de estos trabajadores llevan dos años sin aumento, mientras la inflación el pasado año fue de un 11% y se aumentaron el agua, peaje y otras contribuciones indirectas al gobierno, lo que provoca un deterioro mayor en las condiciones de vida de los empleados públicos y sus familias.
Otras expresiones preocupantes son el anuncio de que el impuesto de 1.5% destinado a los municipios permitirá "propiciar una verdadera descentralización de servicios gubernamentales". ¿Acaso se refiere a la municipalización de servicios públicos de la que renegó en su campaña eleccionaria? ¿Es este otro consenso con la injusticia que pretenden los alcaldes de allegarse fondos para continuar con el discrimen político-partidista, la corrupción y el abuso con empleados que no gozan del derecho a la sindicación?
Es correcto afirmar que la ausencia de consenso político y social mantiene a Puerto Rico estancado y sin rumbo a soluciones justas y duraderas. Pero es equivocado por parte de los partidos que gobiernan hoy de pactar consensos con los grandes intereses, que en lugar de aliviar a la clase trabajadora le añade agravios a un sector que pide y merece justicia salarial y contributiva. Se evidencia cada día más la necesidad de una opción política que responda a los intereses de las grandes mayorías de nuestro pueblo.
Contacto:
Roberto Pagán (787) 775-0720
