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9 de noviembre de 2006
Detener la privatización, ¡ahora!
Por Roberto Pagán, Presidente SPT, Local 1996
robertopagan@sptseiu.orgDurante el primer cuatrienio de la gobernación de Pedro Rosselló se escamotearon millonarios recursos al sistema de Salud Pública y los centros de Diagnóstico y Tratamiento, hospitales regionales y de distrito sufrieron un abandono nunca antes visto.
El sistema regionalizado de atención médica gratuita, que por años fue un buque insignia del proyecto de justicia social del muñocismo, fue diezmado; sus hospitales fueron abandonados negándole los recursos mínimos. La atención a los pacientes empobreció y los profesionales de la salud comenzaron a emigrar en grandes cantidades, lo que recargó de trabajo y responsabilidades a los que permanecieron laborando en el sistema.
El pueblo que se beneficiaba del sistema público de salud, en especial la población médico-indigente, se hartó de tanta desidia y renegó del mismo, uniéndose al coro que inició la Asociación de Dueños de Hospitales a favor de la privatización de los servicios de salud.
El ambiente estaba listo para que prendiera en el pueblo la propuesta de la “tarjetita de salud de Rosselló”. Aun cuando los sindicatos de la industria advirtieron sobre las consecuencias negativas de la privatización, debemos reconocer que no pudieron movilizar al pueblo y detener la venta a quemazón de los hospitales y los CDT gubernamentales.
Hoy vivimos las consecuencias del desmantelamiento del sistema de Salud Pública, cuando en muchos municipios no existen salas de emergencia y las que aún funcionan lo hacen a medio tiempo; en los hospitales privados se discrimina a los pacientes de la “Reforma” e incluso se les niegan los medicamentos.
La Reforma de Salud –hoy lo admiten los geniales economistas que en el pasado la impulsaron– está quebrada y por ese barranco se ha despeñado buena parte del presupuesto gubernamental.
Es pertinente recordar este episodio reciente de la fiebre privatizadora, porque los mismos genios de la economía, junto a recientes adquisiciones y asesores provenientes de empresas multinacionales, vuelven a la carga con sus proyectos de privatización de los servicios públicos.
Al igual que hicieron con el sistema de salud, su primer paso es asfixiar a las agencias que se proponen privatizar, negándole recursos. De inmediato se desprestigian los servicios que brindan, se difama y ridiculiza a los empleados acusándoles de “vagos”, catalogándolos como “excedente”, “grasa”, “buenos-para-nada”, etc., y se vende la idea de que la empresa privada resolverá todos nuestros problemas.
Los genios de la privatización guardan para sus clientes empresariales las más hermosas descripciones, pues para ellos la empresa privada es “ágil”, “moderna”, “eficiente”, “futurista”, mientras que el servicio público es “atrasado”, “burocrático” y “estancado”.
Visto así, no hay más remedio que rendirse a sus caprichos y, por supuesto, lo primero que tiene que hacer el gobierno es otorgarles a los “agilísimos” empresarios más exenciones, mayores incentivos y subsidios y, por supuesto, menor reglamentación.
Esos son los senderos por los que transcurre el mentado Plan de Desarrollo Económico y Transformación de Gobierno para Puerto Rico, elaborado por los técnicos de la Asociación de Industriales y presentado por el Gobernador, y su subproducto el Plan de 100 Días para la Reestructuración del Gobierno, anunciado por el Secretario de la Gobernación.
Como hemos dicho antes, la privatización es un proceso que no comienza con la venta de los activos gubernamentales sino antes, cuando tratan de venderle al pueblo las “ventajas” de entregarle a los grandes intereses los servicios públicos y para ello usan otros nombres como “subcontratación”, “municipalización”, etc.
Si tomamos como ejemplo la experiencia de la venta del sistema de Salud Pública, es indispensable forjar espacios concretos de unidad de los trabajadores y del pueblo para dar la batalla contra la privatización ¡ahora!
Contacto:
Roberto Pagán (787) 775-0720
