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28 de mayo de 2007
Un balance justo de la Ley 45
Por Roberto Pagán, Presidente SPT, Local 1996
robertopagan@sptseiu.orgLa Ley 45 de Sindicación de Empleados Públicos fue aprobada en 1998, luego de una extensa lucha de todo el movimiento sindical por hacer justicia a los trabajadores del gobierno central, a quienes se les negaba el derecho a la negociación colectiva.
Como en todos los procesos sociales, muchas tendencias, estrategias y propósitos coincidieron con la aprobación del estatuto, pero a casi 10 años de su firma podemos asegurar que hoy los empleados públicos están más protegidos y tienen más poder gracias a esta Ley.
Comentamos esto, porque pasamos por un momento parecido al 1998 cuando la derecha representada por Edwin Mundo, la Asociación de Industriales y la Cámara de Comercio se opusieron tenazmente a la aprobación de este derecho en una irónica coincidencia y alianza con sectores de la izquierda.
Hoy se repite aquel cuadro cuando escuchamos opinadores de izquierda y derecha coincidiendo al declarar muerta la sindicación de los empleados públicos. A los primeros los motiva la ignorancia/arrogancia, de quien cree que lo sabe todo, junto a la descalificación a priori de todo lo que firmara el entonces gobernador Pedro Rosselló.
La clase patronal y sus centros de economía neoliberal están más claros: les disgusta la Ley porque le da más poder a los trabajadores y sus sindicatos, lo que representa un escollo para la implantación de sus recetas. Alega esta nueva “mogolla” que el Gobierno está en quiebra por lo que no puede negociar aumentos salariales, lo que hace “inoperante” a la Ley 45.
Aquí emerge la visión economicista del sindicalismo que ve en los salarios y beneficios materiales las únicas razones para estar sindicalizado.Sin embargo, para decenas de miles de trabajadores, la ventaja de estar organizados ha significado mucho más que los $400.00 mensuales que obtuvieron durante el pasado cuatrenio (para los trabajadores peor pagados del gobierno, ¡un aumento salarial del 30%!).
Para éstos, ha significado eliminar la inseguridad de figurar como empleado “transitorio” por años, y hasta decadas; tener un instrumento para enfrentar el discrimen político/partidista, enfrentar el maltrato de algunos supervisores…. Pero mas importante aún para los trabajadores y la sociedad puertorriqueña, significa poseer la estructura organizativa para incidir sobre las decisiones de política económica y social en nuestro país.
El que pretenda negar que el pueblo organizado en sindicatos, organizaciones comunitarias, ambientalistas, cooperativistas, etc., no es un pueblo con mayor poder político, pretende negar la historia de lucha de la clase trabajadora y sectores afines de los pasados dos siglos .
Una vez más afirmamos que la Ley 45 no es perfecta y requiere mejorarse. Pero el testimonio de los propios trabajadores, quienes bajo ningún concepto desean retroceder al sistema de asociaciones “bonafide”, son la mejor prueba de lo que hemos avanzado.
Contacto:
Roberto Pagán (787) 775-0720
