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La pasada semana se generó un importantísimo debate público sobre la situación económica del país y en particular, el estado de nuestra clase trabajadora. La aprobación del aumento en el salario mínimo federal, llevó una vez más a lo defensores de la dictadura del mercado y el lucro sin límites a pronosticar el cierre de empresas y el despido masivo de trabajadores.
El coro de economistas y analistas patronales utiliza información incompleta, medias verdades y manejan las estadísticas a conveniencia para justificar su llamado a reducir aún más las tasas contributivas corporativas, la reducción del gobierno (despido de empleados públicos) y la “apertura al libre comercio”, léase, la eliminación de cualquier tipo de regulación protectora del trabajador.
De igual forma resucitan frentes ideológicos de la empresa privada, como la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, para conformar todo un montaje propagandístico que procura aumentar aún más los privilegios corporativos.
Presentar a Puerto Rico como uno de los países en que las corporaciones pagan las tasas contributivas más altas del mundo es una falacia. Todo el mundo sabe en nuestro país que las grandes corporaciones pagan entre 0 y 4% de tasa contributiva efectiva. La cifra de 41% que utilizan los fotutos de la clase patronal se explica de la siguiente manera:
El año pasado las 16,665 corporaciones que operan en Puerto Rico tuvieron un volumen total de negocios de sobre $43,000 millones. Al restar los costos de mano de obra, materia prima, utilidades y rentas, tienen un sobrante de sobre $30,000 millones. Es aquí donde comienza la estafa a Puerto Rico. El código de rentas internas y las tramoyas de contabilidad reducen esa cifra a unos $1,800 millones, sobre la cual pagan la supuesta tasa promedio de 41%. Para ello deducen los medios de transporte, incluyendo el yate y el avión, las multimillonarias propiedades en el extranjero y otros lujos “esenciales para hacer sus negocios”.
Por otro lado, en el país en que los heraldos del neoliberalismo alegan que no hay suficiente libertad para hacer ganancias, 200 mil trabajadores viven bajo el nivel de pobreza, más de la mitad de la población apta para trabajar está fuera del mercado laboral y el gobierno carece de los fondos necesarios para brindar los servicios esenciales al pueblo. Nuestra prensa testimonia que quien sufre más por esta carencia es la población más vulnerable, que son nuestros niños y envejecientes. (El Nuevo Día, 15 junio 2007, págs. 6 y 7).
Los científicos sociales han demostrado con datos lo que esto significa para nuestra población: la búsqueda del mercado de la droga como fuente de ingreso, el daño mental que crea la inseguridad económica, los problemas sociales que crea la industria de la criminalidad, … en fin, una calidad de vida que ninguno de nosotros desea para nosotros ni para nuestros hijos.
Para aquellos que se benefician del ciego mercado global y que viven encerrados en las amuralladas urbanizaciones de lujo, los condominios de mármol, y la vida extravagante de los ricos y famosos, esta realidad es muy lejana, por lo que “ni les va ni les viene.”
Mucho menos les interesa si viven fuera de Puerto Rico y sacan del país los $33,000 millones de ganancias que expatriaron el año pasado. A fin de cuentas, la explotación de la mano de obra, el lavado de dinero corporativo y el mercado financiero lo podrán realizar en otro país cuando Puerto Rico reviente en una crisis social.
Quizás un mercado de cuatro millones de personas no es tan importante para ese sector. Son las pequeñas empresas nativas, los trabajadores de oficio, en fin la población en general los que estamos sufriendo las mayores consecuencias de la inequidad en la distribución de los ingresos, el aumento en el costo de la vida sin la debida retribución de ingresos y la constricción del mercado.
¿Es este el Puerto Rico que deseamos los que vivimos y tenemos nuestros hermanos, hijos y padres aquí? ¿Acaso no es clara e imperiosa la necesidad de buscar una solución colectiva que detenga o desvíe nuestro camino al abismo?
Muchos pensamos que sí. A tales efectos, un grupo de organizaciones de diversos sectores hemos iniciado un trabajo serio dirigido a procurar posibles alternativas. Un análisis objetivo, con datos reales y buena voluntad nos deben guiar a la negociación de un nuevo contrato social para nuestro país.
Contacto:
Roberto Pagán
(787) 775-0720