La delegación sindical que asistirá a la vista en el Tribunal de Boston está compuesta (de izq. a der.) Iván L. Díaz, del SPT/SEIU; Iram Ramírez, de OPEIU; Luisa Acevedo, FCT/UFCW y JOsé Melara de UAW.
Los sindicatos que entablaron causa contra el gobierno de Luis Fortuño y su Ley de Emergencia Fiscal (Ley 7) en la corte federal en Puerto Rico, comparecerán el próximo miércoles 8 de diciembre a una vista citada por el tribunal de apelaciones del Circuito de Boston que examinará la solicitud para que se revoque la decisión del juez Jaime Pieras de desestimar la demanda contra el gobierno local.
Por primera vez, desde que fue promulgada la Ley 7, se escucharán los planteamientos de la uniones obreras en contra ese estatuto en un foro judicial. En la vista de Boston, un panel de jueces de la Corte de Apelaciones también escuchará la argumentación del gobierno de Fortuño, quien contrató para esa faena a uno de los más costosos bufetes de Washington.
Según la representación legal de las uniones, compuesta por los abogados Manuel Rodríguez Banchs y Miguel Simonet Sierra, los demandados (jefes del Gabinete de Gobierno) deben demostrar que el incumplimiento de sus contratos con los demandantes era “razonable y necesario para cumplir con un propósito público importante”, como han argumentado.
El juez Jaime Pieras, del Tribunal de EEUU para el Distrito de Puerto Rico (tribunal federal), determinó que la Ley 7 era "razonable y necesaria", lo que las organizaciones demandantes catalogan como una “determinación improcedente”, pues para esto es necesario que el Estado demuestre fehacientemente que no existen medidas alternas que sean menos drásticas o severas que la ejercida para lograr su objetivo de resolver la crisis fiscal.
“Por tal razón --indica la apelación-- es necesario un juicio en sus méritos donde las partes presenten prueba documental, pericial, entre otras”.
El principal liderato de las uniones demandantes acudirá a la vista en Boston donde esperan que una vez se presenten y escuchen sus planteamientos sobre la Ley 7, se le ordene a la Corte de Distrito de Puerto Rico que retome el curso normal de la demanda y permita el descubrimiento de prueba y el interrogatorio de testigos.
“Queremos nos escuchen y que nuestros representantes legales puedan citar a los demandados, que son miembros del Gabinete responsables de miles de despidos en sus agencias, y que justifiquen, con prueba fehaciente, la violación a los convenios colectivos como una medida de emergencia”, afirmaron los líderes sindicales.
“Para empezar, van a tener que demostrar bajo juramento que efectivamente existía una emergencia de tal magnitud que no tenían otra opción que suspender unilateralmente los contratos de los empleados despedidos y dejar en suspenso los convenios firmados con la representación sindical”, añadieron.
Las organizaciones demandantes son la Federación Central de Trabajadores/UFCW, Office and Professional Employees International Union (OPEIU), el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores/SEIU y la United Auto Workers, UAW.
La Unión General de Trabajadores/SEIU ha mostrado interés en sumarse al pleito como codemandante, e integrarán también la delegación a Boston.
